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Desencuentro social: La otra cara de la impunidad. Segunda parte.

El Apartheid era legal El Holocausto era legal La esclavitud era legal El colonialismo era legal La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. - Michel Foucault

La historia esta llena de situaciones de absoluta injusticia social que en su momento fueron legales. En estos tiempos que se viven con incertidumbre hacia el clamor de justicia para atender las crecientes estadísticas de casos de feminicidio en el país. ¿Qué se le atribuye a lo legal? 

Es innegable que esta situación de violencia extrema hacia la mujer ha ido en aumento, pués cada día, casos de mujeres asesinadas, siguen sin cesar.

¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Diversas asociaciones civiles se encargan de dar nombre, voz y seguimiento a todo el contexto que prevalece en el feminicidio de niñas y mujeres en todos los ámbitos sociales.

Muchas de las muertes violentas de niñas y mujeres en diversos Estados del país, no son investigadas bajo un protocolo y seguimiento, por lo que estos casos quedan en la impunidad, debido a la falta de diligencia en el procedimiento.

Sin embargo, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, recomienda que todas las muertes por asesinato de mujeres sean investigadas con perspectiva de género, para determinar los motivos de cada crimen.

Por ello, es conveniente y de carácter urgente, revisar y tomar en cuenta propuestas, que se han desactualizado en el Sistema de Justicia en nuestro país, en torno a estos casos, por ejemplo, Lagarde proponía reconocer la violencia hacia las niñas y mujeres como una situación creciente.

Pues al ser un problema social, que no es mirado bajo la lupa de políticas públicas y tomar cartas en el asunto, este se convierte en una causa de un poder político que no sólo mata, sino reivindica la muerte, exponiendo a la muerte a sus propios ciudadanos, en este sentido, las más vulnerables en cuestión de género son las niñas y mujeres.

En la columna pasada se solicitaba que el feminicidio sea integrado como una tarea referente a una Emergencia Nacional en las agendas gubernamentales de todos los Estados que integran al país, y encabezadas por el Gobierno Federal.

Es urgente atender todas las condiciones que han mostrado un conflicto latente, para llevar a cabo la investigación judicial y el ejercicio penal en estos casos. Pero, ¿Qué es lo que hace falta? para hacer intentos de restauración política con este tipo de problemática, y esta sea atendida.

Cuántos casos de mujeres que se quedan en la impunidad, debido a que no existen protocolos de seguimiento e investigación para resolverlos , en muchos de ellos con el agresor identificado, pero sin ningún proceso para determinar la culpabilidad del acusado, ó son liberados ó con sanciones absurdas ante la mirada atónita de los familiares y ciudadanía en general ó el seguimiento en la investigación para ubicar y remitir a la justicia a quienes permanecen en calidad de prófugo.

Parece ser que nuestro sistema de justicia se ve rebasado en cuestiones circunstanciales, ¿qué es lo que sucede? 

¿Por qué hasta ahora, los casos de muchos años atrás, no encuentran una respuesta? 

En realidad la justicia social ¿no existe?

Desde que esta columna inició su publicación, se ha invitado al lector a reflexionar acerca del tema de la violencia contra las niñas y mujeres desde diversos puntos de vista.

Se ha realizado un recorrido desde lo histórico, lo social y cultural sobre aspectos relacionados a esta situación problemática de violencia desmedida hacia mujeres y niñas en nuestro país.

Nombrar a la violencia, sus características, orígenes o causas latentes, es una acción que debe estar incluida en la agenda presidencial, así como en instituciones gubernamentales, en asociaciones civiles y diversas organizaciones sociales, académicas y feministas, para su investigación, atención e intervención desde lo familiar hasta lo social, y viceversa.

Por estos acontecimientos, es relevante nombrar la falla de la función de la “ley” de manera universal, ya ésta permite al sujeto, intentar acceder a una nueva forma de acción para posibilitar un límite.

¿Cuál es el límite que como gobierno, instituciones y sociedad en general, no encuentran? 

¿Qué vacíos legales existen en nuestra ley, que requieren revisión y un análisis?

Esto podría situarse en el lenguaje, pues al declinar la función de la ley, se vaticinan, cada vez más patologías del acto, es decir, diversas formas de violencia, así como sujetos en conflicto con el orden público o social, que dan pauta a condiciones descubiertas en los feminicidios revelados en nuestra cultura.

Quizás con una revisión y actualización de lo legal, podríamos acceder a algunos cambios, que para nuestra civilización es una “emergencia” Autora: Mtra. María Estela Morales

Docente y Psicoanalista, egresada de la Maestra en Psicología Clínica en UPAEP, Investigación e Intervención Psicoanalítica de causas sociales en México, miembro de Lapsus de Toledo y Apertura Puebla en Investigación y Psicoanálisis.


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Manuel Ponce de León 

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